La ley federal de pena de muerte de 1994 permite que en Puerto Rico acusados se expongan a juicios de pena de muerte. Tres procesos se han celebrado desde entonces en la Isla, dos de ellos terminaron con un veredicto de culpabilidad pero el jurado no impuso la pena de muerte.
Actualmente hay dos casos certificados para pena capital: Lashaun Casey, acusado desde el 2005 de matar a un policía, y Edison Burgos, un contratista gubernamental imputado desde el 2006 de supuestamente asesinar a su novia, una confidente federal.
La pena de muerte en España fue abolida, bajo cualquier circunstancia, por Ley Orgánica en 1995. La actual Constitución de 1978 establece su abolición, excepto en tiempos de guerra.
La pena de muerte fue utilizada en España sin interrupción hasta 1932, cuando fue abolida a raíz de una reforma del Código Penal introducida durante la Segunda República Fue restablecida en octubre de 1934, para delitos de terrorismo y bandolerismo. Francisco Franco la reincorporó plenamente al código penal en 1938, argumentando que su abolición no era compatible con el buen funcionamiento de un estado. Las últimas ejecuciones en España fueron las de dos miembros de ETA y tres del FRAP, fusilados el 17 de septiembre de 1975.
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